[dropcap]I[/dropcap]magínese que mañana llega un funcionario del gobierno a su casa y le dice que por determinadas razones de conservación de los recursos naturales, Usted no podrá trabajar durante tres meses al año. Tal vez Usted se preocupe porque tiene hijas e hijos y no sabría entonces como obtener los recursos económicos para comprar comida, pagar la luz, los gastos de la casa y la escuela. El funcionario le dice que no se preocupe, que por esta decisión le darán treinta mil colones al mes y en contrapartida, Usted deberá realizar labores comunitarias como pintar la escuela o limpiar un parque.
Esta situación la viven durante más de tres meses al año, muchas familias pescadoras en nuestro país. Durante la época de veda en el Golfo de Nicoya, estas familias no pueden pescar por motivos de conservación de los fauna marina. Y si bien es una medida que permite la regeneración y el mantenimiento de muchos peces, la situación de vida llega en muchas oportunidades a ser grave.
La Islita (véase publicación “Un proyecto llamado Islita” en el apartado publicaciones, derechos comunitarios) es una comunidad pesquera tradicional que vive esta situación. Esta comunidad se ubica en los manglares de Puntarenas, frente al muelle de donde parte turistas y recientemente, mucho material de construcción, hacia Paquera y Playa Naranjo. Esta comunidad además, enfrentaba la amenaza de desalojo forzoso de todas las familias que habitan allí debido a que según la interpretación dominante de la ley, usurpan la zona marítimo terrestre.
Desde la Pastoral de la Gente del Mar de la Diócesis de Puntarenas se inicia un trabajo para encontrar soluciones ante la amenaza de desalojo y en general por mejorar las condiciones de vida de las familias que allí habitan. De esta forma, se logra construir la escuelita en forma comunitaria, se inicia una lucha por obtener agua potable y la comunidad inicia un proceso de fortalecimiento en la búsqueda de mejores condiciones de vida. En este contexto, COECOCEIBA colabora con este trabajo con el objetivo de lograr la permanencia de estas personas en este lugar.
La Islita al ser una comunidad pesquera tradicional, posee según la legislación costarricense –Ley de Biodiversidad, Convención en Diversidad Biológica y otros convenios de Derechos Humanos- el derecho a proteger su conocimiento tradicional. Este es un derecho colectivo que debe ser resguardado por el Estado. El conocimiento que poseen, es un conocimiento vivo que se transmite de generación en generación en forma oral y se le aprende a través de la práctica cotidiana. Es decir, este conocimiento forma parte integral de la cotidianidad de esta comunidad y por lo tanto, tiene que ser practicado en un territorio específico que en el caso de Islita es el manglar puesto que allí realizan labores de recolección y pesca artesanal para el autoconsumo y la venta en muy pequeña escala.
Las personas de la Islita identifican claramente diversas prácticas pesqueras que indican el vasto conocimiento que poseen del manglar, las playas y el mar donde viven su cotidianidad. Estas prácticas se han venido mejorando con el tiempo, como siempre pasa cuando las mismas comunidades practican su conocimiento tradicional. No solo identifican estas prácticas sino que las defienden como un estilo de vida que tienen derecho a vivir. Así el conocimiento tradicional existe y se conserva a través de su ejercicio cotidiano por parte de quienes lo han construido durante muchos años en un territorio concreto. Si no se conserva este territorio, el conocimiento tradicional deja de existir. Si las personas que detentan ese conocimiento tradicional, son desalojadas y/o se les priva de su estilo de vida, ese conocimiento tradicional morirá y con ello, una riqueza cultural de gran importancia.
La realidad de las comunidades pesqueras en Costa Rica es dramática: muchas han desaparecido para darle paso a los grandes complejos hoteleros para el turismo internacional; a otras se les ha estafado pues con matráfulas se les ha privado de sus tierras; otras han migrado debido a que la pesca que realizan no genera los recursos económicos necesarios para poder sobrevivir diariamente; otras se han ido extinguiendo poco a poco por esta y otras razones. Y la mayoría del país, no se da por enterado o porque no conocen o porque no les interesa.
La Islita ejemplifica muy bien no solo la situación de las comunidades pesqueras tradicionales sino y sobretodo, lo que estas pueden hacer: a través de la organización comunitaria y procesos horizontales pueden conocer sus derechos para defenderlos y exigir así una actuación responsable de las distintas instancias gubernamentales que tienen que velar por ellas. En Islita, gracias a un trabajo horizontal, comunitario y conjunto se logró que el Estado haya declarado este lugar como de interés social por lo que no se dará el desalojo y se iniciará un proceso para solventar las diversas necesidades de esta comunidad. Aún cuando se ha dado un enorme paso, tal vez uno de los más importantes, queda a la vista varios retos: la conservación del Golfo de Nicoya para las comunidades pesqueras tradicionales, mejorar las condiciones bajo las que viven muchas familias en los períodos de veda y la obligatoriedad de conservar su estilo de vida pese a los grandes intereses hoteleros en las diversas regiones del país.
Con esta declaratoria, el gobierno debe asumir un reto que es el de asegurarle a todas esas comunidades pesqueras tradicionales, una mejoría en su calidad de vida. Así el país podrá afirmar con orgullo que aquí cabemos todas las personas.
