Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos
El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”
Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.
Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Netrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de excell … Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.
Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.
Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.
Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Netrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición al DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?
Información y contacto: Mariana Porras Rozas 83022360 Jiri Spendlingwimmer 88806385
