[dropcap]L[/dropcap]a economía verde esta de moda y en estos momentos es objeto de debate en Río de Janeiro, Brasil donde se esta dando la reunión de Naciones Unidas conocida como Río + 20. Se celebra en la misma ciudad donde 20 años atrás, se firmaron importantes convenios internacionales y donde en teoría, una mentira al final, se iniciaría el tránsito a un nuevo modelo de desarrollo. Va aquí un buen ejemplo de lo que hace la economía verde cuando existe un grave problema como el monocultivo de la piña.
En el 2004, el área total del cultivo de la piña era de 23,000 hectáreas y según datos de varias instancias oficiales, su crecimiento ha sido de más del 300% en los últimos siete años. La exportación de piña generó más de US$2,000,000 ese año. Esta suma muestra la ganancia para el sector privado, como la transnacional Dole. Ha habido poca o nula transferencia de esa riqueza económica a las comunidades donde se sitúa el monocultivo y ha servido de poco para el mejoramiento de condiciones que resulten en una mejor calidad de vida para las comunidades que viven en esos territorios.
La imposición de cualquier monocultivo, en este caso el de piña, conlleva inmensos impactos, tales como:
- eliminación de las prácticas agrícolas tradicionales y con ello reducción de la siembra de cultivos esenciales para la soberanía alimentaria de las comunidades;
- concentración de tierras en manos de grandes corporaciones;
- aparición de plagas que afectan el ganado y a las personas como lo es la llamada mosca ”chupasangre” (stomoxys calcitrans);
- movimiento de tierras y contaminación de quebradas, ríos y fuentes de agua para la comunidades;
- afectación a la salud humana debido a las fumigaciones constantes que realizan sobre las plantaciones de piña así como a la presencia de químicos en el agua;
- destrucción de ecosistemas enteros. Se llega al extremo de que se han cortado un gran número de árboles, para evitar que haya “contaminación” por las semillas que puedan llegar a los cultivos de piña, ya que si una de estas semillas llega a Estados Unidos, la piña no es aceptada al ser este hecho considerado como bioterrorismo;
- incremento de sedimentación en ríos, lagunas y humedales producto de la erosión;
- invasión de áreas silvestres protegidas como lo es el caso de los humedales de la zona norte;
- en el campo laboral se irrespeta la jornada establecida por ley, quienes allí laboran se exponen a la radiación solar y existe irrespeto de las condiciones de trabajo y la evasión de cargas sociales por medio de la subcontratación;
- persecución hacia quienes intentan organizarse a través de la constitución de un sindicato;
- un daño colateral de la industria piñera, y que impacta negativamente los bosques, es el caso de que parte de la madera producida en el país se dedique a la elaboración de tarimas donde son ubicadas las piñas para su exportación;
- otra afectación a los bosques se traduce en residuos de pesticidas en las fuentes de agua y los animales dentro de las áreas silvestres protegidas;
- endeudamiento de pequeños parceleros dedicados a la producción de piña sin seguro de cosechas y con grandes riesgos de perder su casa y su parcela;
- traslado de los impactos a las poblaciones vecinas de las plantaciones, como lo son los casos de contaminación de mantos mantos acuíferos por más de 22 agrotóxicos peligros. Así, el Estado y las poblaciones tienen que invertir en conseguir agua para sus necesidades diarias. Tan solo el AyA, invierte más de doscientos cincuenta mil dolares anuales para llevar agua potable a las comunidades afectadas.
Las comunidades que son invadidas por este monocultivo, se ubican en regiones empobrecidas del país por lo que las piñeras se presentan como un factor de desarrollo al brindar trabajo, donar escasos fondos para arreglar alguna escuela o salón comunal y en algunos casos, hasta llegan a arreglar carreteras. En una gira realizada a fines del 2011 a la zona norte del país, diputados y diputadas constataron las pésimas condiciones de trabajo que abundan en el sector piñero del país.
Uno de los impactos más graves es la contaminación del agua. El agua no puede utilizarse debido a que esta contaminada con bromacil (se ha llegado a encontrar hasta 4.8 microgramos por litro de bromacil cuando la cantidad aceptada en Estados Unidos es de tan solo 0.6 microgramos por litro) y otros 25 químicos más que se usan para fumigar el monocultivo de la piña que luego es exportada a Europa y Estados Unidos.
A esto se suma la inexistencia de un verdadero estudio sobre distribución de las áreas cultivadas en el país: cifras oficiales señalan que existe aproximadamente 45,0001 hectáreas sembradas de piña en el país. Sin embargo, este es el mismo dato que se ha reportado como constante durante los últimos tres año mientas al mismo tiempo, el volumen exportado de fruta aumenta un 12% anual según cifras de PROCOMER. Es irreal que el volumen de exportación crezca mientras la cantidad de hectáreas sembradas permanece igual. La necesidad de un verdadero censo agropecuario es patente y así, conocer la cantidad real de tierras cultivable acaparadas por la piña.
Además, la piña es el nuevo cultivo dorado protegido por el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y en vías de serlo con el nuevo tratado comercial “negociado” con la Unión Europea. Así, las transnacionales tendrán más derechos para seguir sembrando piña bajo la complicidad de gobiernos que actúan como defensores de la destrucción y la muerte.
La solución institucional
Ante esta situación, una instancia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llamada Facilidad de Productos Verdes (en inglés: Green Commodities Facility) lanza una verdadera trampa: la Plataforma Nacional para la Producción y Comercio Responsable de la piña costarricense. Esta iniciativa reconoce la problemática creada por el monocultivo de la piña y propone sentar en una mesa a todos los actores para definir una estrategia de producción y comercio responsable de piña en el país. Es un proyecto de 24 meses de duración que pretende reducir los impactos negativos en materia ambiental y social. Este proyecto lo gestiona el PNUD, con el apoyo de la vicepresidencia del país, los ministerios de Ambiente y Agricultura, y el financiamiento principal de la agencia holandesa ICCO2 y el respaldo de la Cámara de Exportadores de Piña (CANAPEP) y Walmart Global. A todas luces, esta es una iniciativa empresarial hecha para su propio beneficio. De ahí que su actual coordinador sea un antiguo director de la CANAPEP.
Las universidades publicas también se suman a esta trampa a través de la asignación de recursos de investigación y docencia destinados a implementar biocontroladores y tecnologías para el tratamiento de los rastrojos del cultivo. Estas propuestas pueden ser atinadas para manejar extensiones de piña a menor escala. Sin embargo, esta acción no puede verse como una solución debido a que dada la magnitud del problema, lo técnico es solo un elemento más. Esta acción de las universidades públicas aún y cuando podría ser calificada como loable, en el fondo brinda una ayuda inmensa a quienes producen piña y destruyen territorios. El uso de estos fondos públicos deberían destinarse para apoyar al campesinado y fortalecerlo y no para favorecer intereses privados de empresas multinacionales.
¿Por qué decimos que lejos de ser una solución, esta iniciativa es una verdadera trampa?
A través de la iniciativa piña responsable, hoy el sector piñero dice que le interesa cumplir con las obligaciones legales con las que tiene que cumplir. Es decir, contar con permisos ambientales, no talar sin permisos, no contaminar el agua … Para esto, según puede leerse en las memorias de trabajo de esta iniciativa, les gustaría contar con incentivos para hacer bien las cosas. Así uno de los documentos dice que hay que “preparar una propuesta concreta a ser conciliada entre los sectores involucrados, que provoque incentivos específicos (mercado, producción, financieros, reconocimientos, ecológicos) que puedan ser generadores de una producción y mercadeo sostenible ante una producción responsable de la piña .” Es decir, si me pagan puedo cumplir con la ley y de paso, asumo la etiqueta de ser responsable con el ambiente y por ende vendo más. De esta forma, el sector piñero ve que “hay oportunidades claras para los productores en términos de generar acciones como carbono neutral, proyectos de conservación, corredores biológicos, buenas prácticas en el manejo integral de las plantaciones, que pueden incentivar la producción, producto de una compra sostenida del producto en el mercado internacional. ” Entre los incentivos que ven como posibles es el PSA lo que es un tanto sarcástico pues se ha documentado la práctica de la industria piñera de talar completamente todos los bosques sin contar con permiso alguno y en medio del más absoluto silencio de las noches.
Existen ya antecedentes a nivel internacional que demuestran que este tipo de iniciativas lo que busca es maquillar de verde a actividades productivas contaminantes. Lo que se busca es presentar como una innovadora solución el cumplimiento normal de la legislación -por ejemplo que las piñeras dejen de contaminar el agua-. Así, una obligación legal que tiene cualquier persona física o jurídica en el país, se presenta como una concesión de quien realiza la acción ilegal y ante el público, se deja la impresión de que ese sector es consciente y responsable. La repercusión en el mercado entonces, es que esa empresa es buena y por lo tanto es correcto comprar el producto que ofrecen, en este caso la piña.
Entre las experiencias existentes a nivel internacional que han demostrado no resolver ningún problema esta la “Mesa sobre Soja Responsable”3 en América del Sur y la de Palma Responsable4 en Asia. En ambas, no se ha logrado detener la expansión del monocultivo, los derechos de comunidades locales y Pueblos Indígenas se siguen violentando, los derechos laborales son dejados de lado y los impactos del monocultivo se siguen profundizando. Sólo ganan el sector financiero que da el dinero para el cambio a “mejores prácticas” y las empresas –usualmente de capitales multimillonarios y con presencia en muchos países- que siguen controlando y beneficiándose de los mercados internacionales. Además, estas mesas no son representativas de los movimientos sociales o de la sociedad misma y fallan desde su concepción debido a que no atacan la problemática de fondo: ¿por qué se usa la tierra para el agronegocio y no para la soberanía alimentaria?; ¿a quienes consultaron para invadir con monocultivo enormes cantidades de tierra?
La mesa de piña responsable en Costa Rica ha demostrado no contar con la participación de la sociedad civil, sector ecologista ni de pequeños productores, pues están en desacuerdo con ser cómplices de una iniciativa que no tiene justificación alguna. Igualmente, quienes organizan esa plataforma han insistido en buscar aliados, aunque sea pocos y no representativos de la sociedad civil para llevar adelante su proyecto; pero después de dos años cuando el proyecto finalice, ¿se habrá resuelto el problema de la expansión piñera?
