En el contexto de la profundización de la crisis climática y de la pérdida acelerada de biodiversidad, los mercados de carbono se han consolidado como una de las principales respuestas promovidas a nivel internacional para enfrentar el cambio climático. Presentados como mecanismos costo-efectivos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, estos instrumentos se han expandido rápidamente tanto en esquemas voluntarios como regulados, articulándose con políticas públicas, acuerdos comerciales y compromisos internacionales asumidos por los Estados.
En este escenario, Costa Rica ha sido posicionada como un país referente en la implementación de instrumentos de mercado asociados a la acción climática. Desde el desarrollo temprano del Programa de Pago por Servicios Ambientales y el Mercado Doméstico Voluntario de Carbono, hasta su participación en mecanismos internacionales como REDD+ y los acuerdos bilaterales bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, el país ha asumido un rol activo en la promoción de estas herramientas como parte de su estrategia climática. En el ámbito nacional, estos instrumentos se operacionalizan mediante mecanismos como el Programa País para el Liderazgo Climático (PPLC), que promueve la medición, reducción y compensación de emisiones en organizaciones públicas y privadas, consolidando la lógica de los mercados de carbono a nivel interno.
Sin embargo, este posicionamiento ha venido acompañado de crecientes cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, comunidades locales, pueblos indígenas y movimientos por la justicia climática. Diversas voces advierten que los mercados de carbono, lejos de abordar las causas estructurales del cambio climático, tienden a reproducir lógicas de compensación que permiten a los principales emisores mantener sus patrones de producción y consumo, al tiempo que trasladan los costos de la acción climática a territorios y poblaciones históricamente marginadas.
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Esta publicación se realizo con fondos de HEKS/EPER-Bread for All.